Comentarios y Fragmentos del "Otro Sendero", del Maestro Hernando de Soto

EL OTRO SENDERO


CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Lima ha cambiado. La población urbana se a quintuplicado en las década de los 80s y se ha visto en la necesidad de reorganizarse debido al fenómeno de la migración indígena.

El predominio del esfuerzo personal sobre el colectivo, aparición de organizaciones departamentales, la preocupación por invertir en educación son algunas consecuencias positivas de la inserción de la población rural en la capital. Sin embargo, frente al abandono del Estado, ésta parcela es ocupada por dichas organizaciones y otras, por la violencia. Gradualmente la gente se ha ido acostumbrando a vivir fuera de la ley a tal punto que hay actos que formalmente son delitos pero que la conciencia colectiva no reprueba. Asimismo, la opinión pública se ha convertido en un valor político y susceptible de afectar su estabilidad.

Las migraciones indígenas iniciadas en los 40s encuentran sus factores en la construcción de las nuevas carreteras, algunas inconexas, y la radio que suscitaban expectativas de progreso. Luego, la crisis del agro como factor de expulsión del campesino y más tarde la reforma agraria que ocasionaron el centralismo en la capital.

En los siguientes tres capítulos se demostrará que existe una normatividad extralegal que rige a los informales sea en cuanto a la adquisición de vivienda, forma de comercio y transporte.

CAPITULO II LA VIVIENDA INFORMAL

Los informales han logrado edificar ,al margen de la ley, vecindarios que albergan alrededor del 47% de la población total de Lima y al 42.6% de sus viviendas que valen 8 319 millones de dólares, inversión que generó que los terrenos baldíos estatales tomaran valor para ser edificables.

En cuanto a las adquisiciones informales de la propiedad, éstas se realizaron a través de una invasión y/o compraventa extralegal se manera paulatina. Muchas de aquéllas, fueron pacíficas y consensuadas, previa vinculación poblador- propietario; otras, muy violentas. Tras la reforma agraria del 70, los informales han creado medios alternativos para dedicar los terrenos agrícolas a fines urbanos. De manera, que la transferencia de los terrenos por lo bajo, a través de las asociaciones pro vivienda o cooperativas, trato directo con el dueño o bien, la simulación de invasiones con la finalidad de evitar la expropiación contando para ello con corredores informales.

No obstante, las invasiones poseían una lógica de funcionamiento: eran deliberadas. Reunidos los participantes, primero se crean las asambleas, evalúan los terrenos, distribuyen la masa poblacional, se adjudican el terreno, lo invaden lentamente si es necesario, lo demarcan, realizan ollas comunes y guarderías, piquetes de defensa y bautizan el asentamiento con el nombre de alguna autoridad política. Luego, realizan, un “Contrato de Invasión”, que contienen las cláusulas para reafirmar la necesidad social por encima de la ley y evitar reacciones adversas del propietario. Este contrato trae como consecuencia surge el “ Derecho expectaticio de Propiedad”, de carácter temporal que se perfecciona progresivamente que crea seguridad y estabilidad suficiente para poseer el terreno y edificar una casa. Además, la ley formal prohíbe demoliciones. Así, asumen los costos para adquirirla con su propio capital humano.

CAPITULO III EL COMERCIO INFORMAL

El comercio informal desarrollado en las calles es llamado comercio ambulatorio cuyos vendedores comúnmente se asocian para construir mercados informales. Éstos no poseen licencias, ni dan facturas; constituyen una alternativa de comercio en aumento. Dos formas importantes de esta actividad comercial son la itinerante y la que tiene un lugar fijo en la vía pública. Ambos se sitúan en puntos estratégicos constituyendo emplazamientos de gran flujo comercial conocidos como paraditas o cinturones.

Históricamente este tipo de informalidad se inicia con la vieja sociedad limeña que la aceptó como un manifestación costumbrista parte de la identidad cultural sin prever que el futuro sería un problema. Con las ordenanzas municipales de 1915 y 1916,el hecho de obligarlos a empadronarse siguiendo e una serie de regulaciones orientadas a lo sanitario se les reconoce un espacio dentro de la normatividad. Incluso, para comerciar con seguridad, algunos se han visto favorecidos a través de un régimen de excepción legal como la sisa, que es un impuesto municipal al valor del patrimonio predial Los ambulantes podían deambular y las autoridades cobraban la sisa para controlar su estacionamiento con el objeto de evitar que elevasen sus tarifas. De los bajos precios frente a la competencia formal y de la lotización de las calles, muchos pasaron a ser congresistas con la ilusión de una ley sobre el comercio ambulatorio. 

CAPITULO VI EL TRANSPORTE INFORMAL

Loa transportistas concentran fundamentalmente su servicio en zonas populares. El “colectivo” y los “piratas”, en alusión a la informalidad en este rubro, tienen vigencia social. Además, están regidos bajo la misma normatividad extralegal mencionada anteriormente. Primero, invaden las rutas. Luego, tienden a convertirse en una concesión. Los transportistas informales negocian con el Estado. Para ello, éstos cuentan con comités de transporte informales; a veces politizados y otras, corrompidos por estas concesiones.
En cuanto a su evolución histórica, los autobuses aparecen cuando el estado ve que los ferrocarriles eran insuficientes para satisfacer las demandas de transporte. Éste, en un contexto restrictivo, le da un permiso a las empresas de ómnibuses, cuya primera línea fue autorizada por Luis Tirado en 1921. Incluso, ingeniosamente los informales lograron adaptar sus automóviles Sedán para este uso. Hechos importantes fueron la formación de la CGTP, la huelga de 1930 para lograr la mayor seguridad y el fortalecimiento del gremio. Sin embargo, los microbuseros decaen al descuidar sus vehículos, se descapitalizaron y dieron origen a los “piratas”, la nueva generación de informales. Ya para 1984, en el mercado automotriz, 91 fueron informales y sólo 9 formales. Así, la historia del transporte urbano ha venido a convertirse en un círculo vicioso de quiebras que tiene como gran responsable al Estado cuyo sistema desaprovecha el potencial empresarial. 

El reconocimiento legal de transportistas no es un hecho sino un convenio a ser negociado a cambio de aceptar ayuda política y la imposición de tarifas sin relación alguna con el mercado. Por añadidura, esto privilegios han creado una enorme frustración y desaliento en el transporte masivo. Eliminarlos, no es la solución, puesto que su reducción afectaría a los más pobres que viven en asentamientos humanos. 

CAPITULO V LOS COSTOS Y LA IMPORTANCIA DEL DERECHO

Hemos visto cómo se producen las invasiones, aumentan la congestión vehicular, se multiplican los accidentes de tránsito existe una permanente inestabilidad jurídica que distrae la producción de una enorme cantidad de recursos, esfuerzo e ingenio para dedicarlos más bien una acción política que evite las sanciones legales y obtengan el reconocimiento de los Derechos extralegales adquiridos. 

El porqué la gente opta el camino de la informalidad o la formalidad se ver reflejado, primero, en los costos de formalizarse. Éstos condicionan las decisiones de incorporarse, mantenerse o colocarse al margen de ella. En segundo, derivan de la falta de protección de las leyes y facilidades resultantes de ponerse fuera del marco de la legalidad. En síntesis, hay buenas leyes si facilitan y garantizan; las malas, impiden o perturban una acción . 

A través de un conjunto de simulaciones y trabajos de campo, el IDL determinó los costos de la formalidad y la informalidad.

De la primera opción se obtuvo que los gastos de accesos a través de trámites engorrosos y extensos, por un lado. Son de casi 10 meses para adquirir una licencia para una industria; 83 meses para una vivienda; 43 para la adjudicación y la aprobación de la licencia de construcción en un terreno cuya habilitación es un proceso que implica otro más que determine si son tierras rústicas o eriazas, para iniciar la ejecución de los servicios públicos; 43 días para abrir una tienda con gastos no menores de 600 dólares, cifra equivalente a 15 veces el sueldo mínimo vigente a la fecha; la edificación de mercados es de un promedio de 17 años; y, finalmente, en el caso del transporte no existe licencia legal sólo una concesión de 27 meses. 

De otro lado los costos de permanencia en el sistema formal hacen referencia a una serie de impuestos según la legislación. El cobro de tributos, realización de trámites, pago de tarifas entre otros en un marco de inestabilidad jurídica, inseguridad de derechos a la propiedad y eficacia del poder judicial para resolver conflictos o cobrar deudas.

Entre los costos de la informalidad figuran los costos por: (a) evitar la detección al no beneficiarse por la publicidad, y sanción por el pago de coimas para su seguridad; (b)transferir bienes a los formales que en el 85 fue de un valor de 1868 millones de dólares, es decir, alrededor del 13% del PBI;(c) sopesar la depreciación de éstos por la inflación; y, por último, (d) evitar el sistema impositivo legal al no acceder al crédito tributario y excluirse al empresario informal de tecnificar y mejorar su productividad. 

Los informales sufren múltiples consecuencias al no contar con una buena ley. El informal, en resultado, debe pagar caro por la falta de derechos de propiedad. No puede invertir provechosamente en ella o transferirlas porque no son sujetos de crédito. Además, corren el riesgo de que los contratistas informales los engañen, puesto que no cuentan con medio legal alguno que los indemnice. No pueden acceder a los Contratos de Sociedad que tiene como meta salvaguardar el capital financiero, ya que permiten préstamos seguros de proveedores y capitalistas que estén definidos en el contrato comúnmente supervisados y ejecutados por un gerente o director. Por todo esto, el empresario informal no puede acrecentar su capitales en base a nuevos socios, ni convertir sus deudas en acciones, ni contar con pólizas de seguros que atenúen sus riesgos.

Los informales deben recurrir a mecanismos de presión alternativos que sustituyan la falta de coerción legal ante el incumplimiento de contrato. Por ejemplo, ellos construyen un sistema contractual formal en base a una reputación por tener un cartera de clientes. Otros, investigan y supervisan la contraparte. Emplean algún conocido u organizan entidades colectivas como organizaciones vecinales, asociaciones de ambulantes o comités de microbuseros- para asegurar que los acuerdos sean ejecutados. Finalmente, otra alternativa es amenazar y hacer uso ocasional de la violencia.

El corolario de los costos de la formalidad e informalidad para la economía peruana se reflejan en: (1)la baja productividad debida a los trámites engorrosos muchas veces por mandato burocrático que finalmente generan una especialización arbitraria que muestra la ineficiencia en los recursos del país; los informales tienen demasiado trabajo y los formales demasiado capital.(2) La disminución de la inversión de capitales dado que los recursos nacionales se trasladan hacia la informalidad y las dificultades de financiamiento que deben enfrentar. (3)La ineficiencia del sistema tributario que concentra en un grupo reducido de gente que conserva su formalidad pagando impuestos altísimos para nivelar el gasto interno; el Estado desperdicia considerablemente los recursos en detectar la evasión. (4)El proceso tecnológico se ve perjudicado pues los informales no pueden incrementar sus ventas para no ponerse al descubierto. (5) Dificultades para formular políticas macroeconómicas de manera que se subestima la tasa de crecimiento al existir un margen de error ocupado por las actividades informales que no cuadran en el balance.

Al contarse son una buena ley facilitadora del derecho, se hacen eficientes las actividades económicas y sociales. Entonces el derecho es condicionante del desarrollo. Instrumentos legales como el derecho a la propiedad intelectual y /o privada consiste en proporcionarles incentivos suficientes para que le agreguen el valor a los recursos, invirtiendo, innovando o combinándolos productivamente para la prosperidad y progreso de la comunidad. Los beneficios comerciales potenciales que el propietario puede esperar para el futuro constituyen el principal incentivo que lo inducirá realizar las inversiones necesarias y tratar de prever correctamente las tendencias económicas determinantes para el valor de un recurso. Por ello fue importante la tendencia natural a la normatividad extralegal para generar esos derechos. 

La seguridad brindada por el Estado para el cumplimiento de la ley es otro instrumento para eliminar la incertidumbre. Para que ésta sea eficiente primero debe proporcionar incentivos, es decir, aumentar el valor de las oportunidades percibidas. A medida que es más difícil adquirir un bien menos posibilidad de aprovecharlo. Segundo, favorecer la especialización de hombres y recursos de manera que las tareas que mejor se sepan hacer se verían reflejadas en un producto de calidad, el cual se intercambiaría por otros y aumentaría su valor. Por consiguiente, la seguridad es necesaria para el funcionamiento del sistema entre productores. Por último, el cambio legal es la forma más sencilla de integrar a los formales e informales respetando las idiosincrasias, es decir, adecuando la ley a la realidad.

CAPÍTULO VI LA TRADICIÓN REDRISTRIBUTIVA

Quienes formulan las leyes en el país, mantienen una tradición para utilizar el derecho como un instrumento para distribuir la riqueza y no para facilitar su creación. La ley redistributiva afecta el sistema productivo en su conjunto y sólo favorece el sector caracterizado por promover la politización, burocratización y centralización del poder. 

Para conservar éste tipo de leyes se forman coaliciones redistributivas que primero persiguen mayores favores estatales e impiden que los reciban sus rivales: la oligarquía se turna el control del funcionamiento del estado. En segundo lugar, éstas coaliciones se institucionalizan. Tercero, a medida que el reglamentismo se complica los controles aumentan. Cuarto, el Derecho es negociable. Quinto, la sociedad se enfrenta al sistema institucional rígido e intocable. Éstas coaliciones crean malas leyes. El Poder Ejecutivo, que es la primera fuente normativa de la nación, se ha dejado influencias y en consecuencia perpetúa esta tradición redistributiva, la cual desalienta, genera incertidumbre, corrupción y malestar social. El Derecho peruano es inevitable por ello la gente busca que les permitan generar riquezas sea invirtiendo capital humano o material.

CAPÍTULO VII EL PARALELO MERCANTILISTA

Comparando dicho modelo económico europeo con los países que actualmente están inmersos en él, se establecen las características que nos separan de una economía de mercado. El mercantilismo consistía en el gobierno reglamentarista dependiente de las élites privadas. Es decir, por un lado la economía era políticamente administrada reservando derechos, leyes a sus allegado; por el otro, un Estado ubicuo y un poder empresarial privilegiado y excluyente. 

El acceso a la empresa mercantilista occidental se caracteriza por la conciliación de los objetivos de las clases privilegiadas con las necesidades fiscales de los gobernantes - sea para conservar el monopolio y marginar a otros comerciantes-, éstos eran ayudados por los empresarios para financiar las guerras y proteger el estado de la inflación. Durante este sistema la normatividad legal era excesiva para redistribuir la riqueza nacional, mantener al rural lejos de la ciudad y mantener así la producción nacional y los precios. De igual modo las burocracias mercantilistas incrementaban los costos de la transacción, en lugar de reducirlos poniendo trabas. Los aparatos administrativos de los estados mercantilistas además de ser costosos al financiarlos el pueblo, dejaron de tener objetivos autónomos, negociaban con los gremios u organizaciones en beneficio cerrado. Por lo anterior, se constata que el Perú es un país mercantilista predominante rígida por la política.

No obstante, la declinación del mercantilismo en los países europeos presentan similitudes con la situación actual del Perú. Las migraciones a la ciudad; el surgimiento de la actividad informal que acrecentó el mercado de la competencia y porque cuyo progreso fue entorpecido por el Estado que desencadenó las revoluciones francesa y rosa; la caída de los gremios y concesiones redistributivas, puesto que el estado empezó a contratar a los informales; la pérdida de vigencia social de las burocracias resultado de la corrupción y degeneración de éstas; el malestar y la violencia por la justicia social que fue factor de las grandes migraciones a distintas partes del mundo (franceses, ingleses, italianos); las limosinas estatales que distribuyeron alimentos a los pobres con el fin de que retornaran al campo fueron los grandes motivos para que a principios del siglo XX el sistema colapse. 

En efecto, los países por vía pacífica o violenta, redujeron sus costos de transacción y dieron buenas leyes que permitieron usar las energías creativas de los ciudadanos. Ese es el caso de Inglaterra (1940 - 1914) cuyo parlamento facilitó leyes a los empresarios informales e incentivó la adquisición de la propiedad privada. Por otro lado, tanto en Francia, España como en Rusia, se estableció la democracia a través de la revolución. 

CAPITULO VIII CONCLUSIÓN

Las instituciones legales están en crisis como resultado de la pérdida gradual de vigencia social frente a las incursiones de la informalidad. A pesar de que el Estado se ha visto en la necesidad de conceder regímenes legales-discriminatorios-, la población se siente defraudada y desalentada porque el gobierno es intransitivo; es decir, los gobernantes suceden sin mantener una continuidad en los objetivos de interés social.

La violencia debida a la frustración por falta de acceso a oportunidades, inexistencia de facilidades y protección legal. Para hacer frente a ésta, aparecen dos caminos hacia el cambio: la insurrección (subversivos como PCP- Sendero Luminoso) o la informalidad (pacifista).

El voluntarismo centralista frena el popular. Que el sistema complejo de poderes esté manejado exclusivamente por dotes ejecutivas y gobernantes desde un escritorio bajo el parámetro mercantilista frente a la competencia y tecnología para ser eficiente, es un absurdo. Incluso, las llamadas derechas e izquierdas políticas del Perú, cargan el peso de la tradición redistributiva y son mercantilistas. Ponen obstáculos que aturden a la población con discursos retóricos pues están corrompidos. No aceptan la informalidad como la nueva realidad productiva del país porque peligrarían su status quo liberal. La burocracia no produce; lo hace el pueblo.

Los empresarios competitivos, formales e informales son la esperanza del progreso: la promesa del capital humano. Para que la energía informal no siga frustrada por el sistema legal y para que sirva de ejemplo a los empresarios emergentes es necesario cambiar las instituciones legales que reconozcan las iniciativa empresarial de la sociedad y que no restrinja las leyes para favorecer arbitrariamente a las élites económicas y allegados. Se debe acercar el Derecho a nuestra realidad.

Es imprescindible para el cambio establecer una agenda. Es perder el tiempo divorciar la normatividad extralegal- expresión nacional- con las leyes actuales. Se deben trazar los objetivos concretos en un “Proyecto Nacional” que logre el consenso general. Los medios fundamentales para el cambio son dos. 

Primero se debe enfrentar los problemas institucionales presentes a fin de eliminar los obstáculos que impiden la integración y progreso de los empresarios formales. Ello se lograría simplificando los trámites del sistema legal derogando las leyes obsoletas, emprendiendo programas para la reducción del papeleo e informándoles cómo realizarlos a la población. La descentralización como complemento para el cumplimiento de esa agenda no es lo mismo que la “desconcentración”; requiere de la entrega del poder, permitiendo ensayar las soluciones para un sector y aproximarse a las globales. Además el Estado se debe des-regularizar, es decir, liberar los recursos públicos. Ello implica dar acceso al mercado y extender los instrumentos facilitadores de Derecho. 

Segundo, para enfrentar los problemas institucionales futuros, se debe reconciliar el derecho con la realidad y reformar su producción. De ello se encargaría un mecanismo autónomo que someta a consulta popular los proyectos que las autoridades publicarían de manera obligatoria y que hagan llegar sus sugerencias. De tal manera se incentivaría la producción democrática. La técnica que hace que dichos proyectos de normas sean publicados es que sea conjuntamente con un análisis costo-beneficio. Ello permitirá identificar y eliminar trabas innecesarias y descartar normas que no apunten al bienestar común. 

Finalmente, la observación de la informalidad nos permitirá comprender que el reordenamiento legal es más provechoso que soñar con revolucionar el orden social desde la cumbre del poder. El éxito apunta a la conciliación: incentivar la empresa peruana; no obstruirla. Transformar esa pobreza y violencia en sentido de pertenencia y responsabilidad. La única manera de que el Perú salga de la crisis, solucione los problemas de la deuda externa y la inflación es a través de un crecimiento económico que no aumente el déficit de la balanza de pagos. Si alguna de nuestras tesis se confirman, habremos comenzado a transitar por el otro sendero. Ha llegado la hora de hacer una reflexión para iniciar el cambio.